Eutanasia en Uruguay: lo que la Ley 20.431 exige al médico

Desde abril de 2026, la eutanasia es un acto médico regulado en Uruguay. La Ley 20.431, «Ley de Muerte Digna; Eutanasia», se promulgó el 24 de octubre de 2025 y se publicó el 5 de noviembre; el Poder Ejecutivo tenía 180 días para reglamentarla¹. El presidente Yamandú Orsi firmó el decreto el 15 de abril de 2026, diciendo que «la dignidad humana está en el centro de las decisiones más complejas»⁴. Para el médico uruguayo, la ley no es un debate abstracto: define quién puede pedirla, qué debe hacer cada profesional, en qué plazos y con qué responsabilidad.

Quién puede solicitar la eutanasia

Según el artículo 2, pueden acceder las personas mayores de edad y psíquicamente aptas que padezcan una patología incurable e irreversible en etapa terminal, o sufrimientos insoportables derivados de condiciones de salud incurables, con grave deterioro progresivo de su calidad de vida; incluye a uruguayos y a extranjeros con residencia habitual acreditada¹. La ley define la eutanasia como el procedimiento que un médico realiza, o indica que se realice, a quien la solicita de forma reiterada, válida y fehaciente¹. La voluntad puede revocarse en cualquier momento y sin formalidades¹.

El procedimiento, paso a paso, con sus plazos

• Solicitud: por escrito, firmada ante el médico; si el paciente no puede firmar, lo hace otra persona mayor de edad a su ruego¹.
• Admisibilidad (médico actuante): evalúa requisitos, informa sobre todas las alternativas, incluidos los cuidados paliativos, y verifica que la voluntad sea libre, seria y firme; tiene hasta 3 días¹². No puede ser pariente del paciente (consanguíneo hasta cuarto grado o afín hasta segundo)².
• Segunda opinión (médico consultante): internista o especialista en la patología, designado por la Dirección Técnica; no puede ser objetor, subordinado ni pariente del primero; consulta presencial y revisión de la historia clínica en hasta 5 días².
• Junta médica: si hay discrepancia, tres médicos (un psiquiatra, un especialista en la patología y un tercero que puede ser internista o especialista en cuidados paliativos, a elección del prestador) resuelven en 5 días y notifican en 24 horas².
• Segunda entrevista y última voluntad: no antes de 5 días desde el inicio, salvo riesgo fundado de pérdida de capacidad; el paciente declara por escrito ante dos testigos que no pueden obtener beneficio económico por la muerte¹².
• Realización y reporte: en el momento y lugar que elija el paciente, que puede ser su domicilio si el médico constata un entorno seguro; luego se informa de inmediato al MSP con copia de la historia clínica¹².

Objeción de conciencia y obligaciones del prestador

El artículo 7 de la ley permite al personal de salud «oponer válidamente la objeción de conciencia para negarse a prestarlos», pero obliga a la institución a designar quién sustituye al objetor¹. El decreto lo operativiza: el profesional debe ponerlo «en conocimiento de manera inmediata a la Dirección Técnica de la Institución», que designa reemplazos en 3 días². Las instituciones con ideario filosófico o religioso incompatible pueden acordar que otra entidad preste el servicio y deben notificarlo al MSP; el decreto fija 24 horas para el traslado a otro prestador¹². La ministra Cristina Lustemberg fue clara: «Los prestadores están obligados a asegurar la realización del procedimiento»³.

Responsabilidad, certificado y control

El médico y el equipo que actúan conforme a la ley quedan exentos de responsabilidad penal, civil y de otra índole¹. La ley derogó el artículo 46 del Código de Ética Médica (Ley 19.286)¹¹⁰. En el certificado de defunción, la causa básica es la enfermedad de fondo y la eutanasia figura como causa final². Si el MSP detecta un apartamiento grave del procedimiento, lo comunica a la Fiscalía General de la Nación¹². Una Comisión Honoraria de Revisión, con representantes del MSP, el Colegio Médico del Uruguay, la Universidad de la República y la Institución Nacional de Derechos Humanos, revisa los casos y eleva un informe anual al MSP y a la Asamblea General¹².

Los primeros casos y la demanda

El 17 de abril, días antes de presentar el protocolo que acompaña al decreto, Lustemberg anticipó que «hay algunas personas que ya están pensando en hacer uso de este derecho»⁵. Pocos días después de la reglamentación, la organización Empatía Uruguay estimó que al menos 10 personas habían consultado para iniciar el proceso, y recomendó hablar con un médico porque «no podemos contestar si su caso aplica o no»⁶. La primera eutanasia legal se hizo el 22 de mayo en el Hospital Policial⁷⁸: una mujer con cáncer de páncreas en etapa terminal, con metástasis en pulmón, riñón e hígado, en cuidados paliativos⁷. La segunda fue la de Pablo Cánepa, diseñador gráfico de 39 años con ataxia cerebelosa idiopática y uno de los impulsores de la ley⁸. La experiencia internacional muestra un patrón similar: más del 70 % de los casos en las jurisdicciones con eutanasia o suicidio asistido corresponde a pacientes con cáncer, y estos procedimientos suman entre 0,3 % y 4,6 % de las muertes¹³; las leyes difieren en edad mínima, períodos de espera y reporte¹⁴.

Cuidados paliativos: la otra obligación

La eutanasia convive con un derecho anterior: la Ley 20.179 declaró en 2023 el derecho universal a los cuidados paliativos, reglamentado por el Decreto 201/025¹¹. El Colegio Médico del Uruguay reabrió en 2026 su curso de Dolor y Cuidados Paliativos porque la atención paliativa «ahora debe ser universal»¹². La ley exige que el médico actuante converse con el paciente sobre los tratamientos disponibles, incluidos los paliativos, antes de admitir la solicitud¹.