Amparos por medicamentos en Uruguay: 2.219 juicios y el caso Moratorio

El jueves 5 de noviembre de 2026 murió, a los 44 años, el científico Gonzalo Moratorio, docente de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República e investigador del Institut Pasteur de Montevideo; el gobierno decretó dos días de duelo nacional y fue velado en el Palacio Legislativo⁵⁶. Antes de su muerte, Moratorio había ganado en la Justicia el acceso a un tratamiento que el Ministerio de Salud Pública (MSP) y el Fondo Nacional de Recursos (FNR) le habían negado²⁴. Su caso fue el más visible de una tendencia que preocupa al propio MSP: la judicialización del acceso a medicamentos de alto costo en Uruguay¹.

Los números de los amparos por medicamentos

El 9 de julio de 2026, la ministra Cristina Lustemberg convocó a la Suprema Corte de Justicia, las comisiones de Salud del Parlamento, la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, los prestadores, la industria, las sociedades científicas, las asociaciones de pacientes y las facultades de Medicina y Derecho para construir, con apoyo de la OPS, una hoja de ruta sobre tratamientos de alto costo y precio¹. Los datos que presentó el MSP explican la urgencia: 331 amparos en 2018, 2.219 en 2025 y 1.328 nuevos en el primer semestre de 2026, con unos US$ 159,5 millones en fallos (US$ 142 millones a cargo del MSP), incluidas obligaciones de años anteriores¹. El ministerio agregó que una parte significativa de los fármacos reclamados no tiene registro sanitario en Uruguay¹.

El amparo es rápido por diseño. La Ley 16.011 obliga al juez a convocar audiencia dentro de tres días, a dictar sentencia en ella o dentro de las 24 horas siguientes, a fijar un plazo de cumplimiento no mayor de 24 horas, y establece que la apelación no suspende lo ordenado¹¹. Frente a eso, el FNR, regulado por la Ley 16.343, financia solo lo incluido en sus programas²¹². En 2025 financió 14.474 tratamientos, que representaron el 26 % de su presupuesto anual de casi US$ 460 millones, y cubre 45 patologías con 87 medicamentos, 26 de ellos biológicos¹.

El caso Moratorio: qué decidieron los jueces

Moratorio, a quien la revista Nature incluyó entre los diez científicos más importantes de 2020 por su trabajo en tests de diagnóstico de COVID-19, había revelado en junio de 2025 un tumor cerebral agresivo; la cobertura del fallo lo describió como astrocitoma grado 4 y la de su muerte, como glioblastoma²⁵. Pidió Opdualag, la combinación de nivolumab + relatlimab, con un costo estimado de unos US$ 10.400 por mes; el MSP y el FNR rechazaron la cobertura²⁴. En la audiencia de fines de abril, su defensa resumió la urgencia con una frase: «Si no hay tratamiento, no hay Moratorio»⁴.

El 4 de mayo de 2026 un juzgado falló a su favor y ordenó al MSP entregar el fármaco en 24 horas³. El 2 de junio se conoció que el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 3er Turno rechazó las apelaciones y confirmó el fallo: el MSP deberá proporcionar el tratamiento mientras el médico tratante lo considere necesario². El tribunal no responsabilizó al FNR, porque su papel se limita a financiar lo incluido en sus programas, y consideró que lo central eran los derechos fundamentales en juego, no el estado administrativo de un fármaco sin registro ni inclusión en el formulario².

Qué dice la evidencia sobre nivolumab + relatlimab

La aprobación de la combinación se apoya en el ensayo RELATIVITY-047, en melanoma avanzado no tratado: la supervivencia libre de progresión mediana fue de 10,1 meses frente a 4,6 con nivolumab solo (HR 0,75), con más eventos adversos de grado 3 o 4 (18,9 % frente a 9,7 %)¹⁴. En glioblastoma recurrente, un ensayo de fase 1 publicado en Nature Medicine en 2026 trató a 46 pacientes: la combinación tuvo un perfil de seguridad aceptable y una supervivencia a 12 meses de 52,2 %, pero los autores aclaran que el estudio no fue diseñado para evaluar eficacia¹⁵. Un estudio del Hospital de Clínicas sobre glioblastoma en Uruguay entre 2009 y 2018, con temozolomida financiada por el FNR, describió en 32 pacientes una mediana de supervivencia de 17 meses y advirtió que el paso a inmunoterapias de muy alto costo exige políticas sostenibles¹⁶.

Reformas en discusión: FNR, presupuesto y nuevas coberturas

• En enero de 2026, el senador Martín Lema acusó al MSP de «omisión» por no informar el grado de ejecución que exige un artículo de la Rendición de Cuentas para habilitar créditos de medicamentos de alto costo, y anunció que pediría derogarlo⁷.
• En junio, la exvicepresidenta Lucía Topolansky entregó a la vicepresidenta Carolina Cosse una propuesta para revisar la Ley 16.343 con una comisión honoraria de médicos y juristas; describió el déficit del FNR como «gigantesco»⁸.
• El FNR amplió coberturas: 100 % de los cardiodesfibriladores indicados, desde diciembre de 2025¹⁰; Trikafta (elexacaftor/tezacaftor/ivacaftor) granulado para niños con fibrosis quística desde los dos años, después de que en 2024 81 personas accedieran a él por amparo⁹; y pembrolizumab, macitentán y nintedanib por Ordenanza 963/026¹⁷.
• Los amparos no son solo oncológicos: en mayo, una jueza escribió una carta a un niño de 8 años al concederle por amparo un medicamento, en un caso llevado por estudiantes del consultorio jurídico de la Universidad de la República¹³.